La conectividad digital como pilar esencial de la infraestructura social en Paraguay

Internet es infraestructura: Paraguay no puede estar desconectado

El Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística paraguayo muestra que solo el 58,9% de los hogares con al menos una persona de entre 0 y 17 años declaró tener acceso a internet, aunque el 90,3% contaba con al menos un teléfono inteligente. La diferencia es relevante para cualquier política de conectividad: disponer de un dispositivo no garantiza una conexión estable, suficiente ni compartida de forma equitativa.

La cobertura media oculta la brecha territorial

Los datos paraguayos muestran una distribución desigual. Asunción registra un 80,4% de acceso entre los hogares con menores de 18 años; Central, un 69,4%; y Alto Paraná, un 69,8%. El análisis advierte que incluso en zonas urbanas con mayor densidad permanecen hogares desconectados, especialmente en barrios periféricos, asentamientos y viviendas subdivididas.

La distancia aumenta en varios departamentos:

• Alto Paraguay: 29,8% de los hogares conectados.
• Cordillera: 35%.
• Presidente Hayes: 37,8%.
• Caazapá: 38,7%.
• San Pedro: 39,4%.
• Boquerón: 48,2%.

Estas cifras corresponden a acceso declarado. No cuantifican velocidad, latencia, continuidad, precio ni calidad del servicio. Un hogar puede figurar como conectado y, al mismo tiempo, depender de una señal intermitente, de un único teléfono compartido o de un paquete de datos que se agota antes de terminar el mes.

La métrica básica, por tanto, debe separarse en varios niveles:

• Disponibilidad: si existe cobertura o infraestructura.
• Acceso efectivo: si el hogar puede contratar y utilizar el servicio.
• Calidad: si la conexión mantiene continuidad y capacidad suficiente.
• Uso: si todos los integrantes pueden emplearla para estudiar, trabajar o realizar trámites.

Reducir la política pública a la instalación de puntos wifi no resuelve necesariamente esta cadena. Puede mejorar la disponibilidad puntual sin corregir el coste, la continuidad o la distancia hasta el punto de acceso.

Qué debe auditar una política de conectividad

El caso paraguayo sitúa el territorio como unidad principal de análisis. Antes de priorizar inversiones, municipios y gobiernos regionales necesitan identificar, por barrio y comunidad, qué hogares, escuelas, puestos de salud y espacios públicos no cuentan con conexión efectiva. También deben cuantificar el coste de acceso y las barreras que impiden utilizarlo.

Ese procedimiento permite comparar necesidades y evitar que la inversión siga únicamente la visibilidad política. La conectividad puede incorporarse a los planes urbanos y a los nuevos loteamientos. Bibliotecas, centros comunitarios y oficinas públicas pueden funcionar como puntos de acceso acompañados, no solo como lugares con señal disponible. La coordinación con escuelas, cooperativas, empresas operadoras y autoridades nacionales también forma parte del despliegue.

La digitalización debe mantener una vía presencial. Si un trámite depende exclusivamente de internet, el servicio puede convertirse en una barrera adicional para quienes todavía no tienen conexión suficiente. El informe paraguayo sobre juventud contabiliza 855.678 personas de entre 15 y 29 años que no asisten a una institución de enseñanza formal; el dato refuerza la necesidad de analizar simultáneamente conectividad, formación y acceso a oportunidades, sin asumir que una sola medida resolverá el problema.

Infraestructura fija, móvil y satelital

Los ejemplos recogidos en la información regional muestran que no existe un único modelo de despliegue. En Honduras, el político Juan Diego Zelaya se reunió con representantes de Starlink para explorar la expansión del servicio de internet satelital hacia zonas rurales y postergadas. En Colombia, Teleantioquia informó sobre una oferta de internet gratuito de Starlink para zonas afectadas por un terremoto. En el Quindío, las cuadrillas técnicas comunicaron que la red de internet gratuito alcanzó el 98% de cobertura tras reparar daños en la infraestructura de fibra óptica provocados por un sismo.

Son soluciones con funciones distintas. La fibra óptica permite reconstruir infraestructura terrestre; el acceso satelital puede evaluarse en territorios donde el despliegue convencional presenta mayores dificultades; y los puntos gratuitos pueden responder a una emergencia o cubrir espacios concretos. Ninguna modalidad sustituye por sí sola la auditoría de precios, calidad y continuidad.

A corto plazo, la prioridad es dejar de confundir dispositivo con conectividad. A medio plazo, la evaluación debe integrar cobertura, capacidad de red, coste y uso real. Para Nicaragua, la lección aplicable no es copiar una tecnología concreta, sino exigir métricas que permitan determinar si una conexión sirve efectivamente para estudiar, trabajar y ejercer derechos.